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Dispone el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado d), que el contrato de trabajo podrá extinguirse, entre otras causas, por “faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Última reforma de la presente disposición realizada por RDL 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

 

 

Si bien la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) dispone que los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, no todo acuerdo es válido; es decir que será nulo todo pacto por el cual no se tengan en cuenta los derechos básicos de los inquilinos que ocupan una vivienda.

Sin embargo, si hay libertad de pactos si se trata del alquiler de viviendas que se consideran suntuarias, es decir aquellas cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual (mayor a 69.300,00 €) y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda. Y existe igualmente esta mayor libertad en la adopción de acuerdos entre arrendador y arrendatario en los arrendamientos de local de negocio.

EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR POR CÓNYUGE E HIJOS, CON LA ENTRADA EN LA MISMA DE UNA TERCERA PERSONA EN RELACIÓN DE PAREJA.

ARTÍCULO DE OPINIÓN SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 991 Fecha: 20/11/2018 Nº de Recurso: 982/2018 Nº de Resolución: 641/2018 Procedimiento: Civil Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

La reciente Sentencia del TS de fecha 20/11/2018, que se dio a conocer en los medios de comunicación como noticia relevante y novedosa, merece ser estudiada desde el punto de vista jurídico, más que periodístico.

Voy a hacer referencia a la regulación de los requisitos y el procedimiento para que los extranjeros residentes en España puedan adquirir la nacionalidad española por residencia, salvo para los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, que tienen algunas particularidades a las que no me voy a referir, por tener menos interés, al afectar a un número reducido de personas.

 

REGULACION.-

 

El procedimiento se establece en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y ha sido desarrollado por el Reglamento de esta disposición aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.

REGULACIÓN.-  Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

 

AMBITO DE APLICACIÓN.- El procedimiento regulado en el citado Real Decreto se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca sobre un inmueble, que incluyan una cláusula suelo y cuyo prestatario sea un consumidor (Art. 2).

En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica y la caída del valor de los inmuebles producida desde el 2007, estamos viendo casos de transmisiones patrimoniales de inmuebles, en los que hay una pérdida importante para los vendedores, que han tenido que transmitirlo por un precio inferior al que compraron y, sin embargo, el Ayuntamiento correspondiente, aunque haya ajustado los valores catastrales a esta realidad, realiza una liquidación del Impuesto de Plusvalía como si hubiera existido un incremento de valor y en ocasiones por importes considerables, que vienen a aumentar aún más la pérdida sufrida por los vendedores.

El testamento vital o, en terminología  legal, el documento de las instrucciones previas, viene definido en el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que dispone que en virtud de dicho documento una persona manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre:

Vamos a tratar en este trabajo del embargo judicial para garantizar el pago de una deuda reconocida en un título ejecutivo o en una resolución judicial.

 

Dice el artículo 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que despachada la ejecución, se procederá al embargo de bienes conforme a lo dispuesto en la presente Ley, a no ser que el ejecutado consignare la cantidad por la que ésta se hubiere despachado, en cuyo caso se suspenderá el embargo.

Desde el pasado 15 de octubre las subastas judiciales, como forma más usual de realización de los bienes embargados o hipotecados, objeto de ejecución, se llevarán a cabo en todo caso de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del Secretario Judicial, que es quien la acordará (Art. 644 LEC). En este sentido, el Art. 648.1ª establece que la subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la celebración electrónica de subastas.

Existen dos deducciones para el inquilino por los pagos realizados en concepto de alquiler de su vivienda habitual: la estatal y la de la Comunidad de Madrid, que son compatibles. Si bien hay que aclarar que la deducción estatal solo es aplicable para los contratos celebrados y puestos en vigor antes del 1 de enero de 2015, porque para los posteriores la deducción se ha eliminado.

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha aprovechado para reducir de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales, así, en su Disposición Final Primera, modifica el artículo 1964 del Código Civil, para establecer que el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial será de cinco años.

Viene regulada la intervención de los notarios en materia de obligaciones en la Ley del Notariado (LdN), una vez modificada por la Ley de Jurisdicción Voluntaria y se refiere a las dos actuaciones siguientes:

  1. El ofrecimiento de pago y consignación.
  2. La reclamación de deudas dinerarias no contradichas.

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